Por Mario Román del Valle/ informatePR
Diversos estudios y ensayos universitarios han señalado que en las dos décadas posteriores a la Expropiación petrolera, el gobierno mexicano trató a toda costa, de debilitar el ala democrática de los principales sindicatos industriales del país. Por ello, fue imponiendo direcciones sindicales charras y permitiendo (y aún promoviendo) cacicazgos regionales.
Tal fue el caso de lo que ocurrió en Poza Rica, durante aquel periodo en el que el ing. Jaime J. Merino se convirtió en “el cacique bueno” de nuestra región y su contraparte fue el dirigente sindical Pedro Vivanco García.
Durante esos años de dominio caciquil (1994-1959), Poza Rica experimentó un extraordinario auge productivo, acompañado de un vertiginoso crecimiento urbano, pero también vivió una era de considerable violencia y represión, de la cual – lamentablemente se conoce muy poco – , pues los defensores del merinismo han inventado “fábulas” y burdas mentiras sobre lo que pasó en realidad en aquel tiempo.
Veamos y analicemos algunos ejemplos de dicha violencia.
El 16 de febrero de 1956, tuvo lugar un robo a la caja general de Petróleos Mexicanos en nuestra ciudad, el cual ascendió a la cantidad de 219 mil pesos ( lo cual constituía entonces una enorme fortuna). El caso estuvo rodeado de múltiples circunstancias sospechosas (descuido en la vigilancia de la caja, errores administrativos, etc.)
Uno de los más importantes reporteros del país, en aquel tiempo, Armando Rodríguez, trabajando para la revista “Protesta”, investigó este caso, del cual señalaba: “el robo se imputó al soldado José Lugo Florencia, del 7º. Batallón de Infantería. El dinero jamás apareció, agregaba el reportero, no así el soldado, cuyo cadáver se encontró en las cercanías de Naranjos, Ver., poco tiempo después de haberse cometido el robo”.
El informe periodístico, acompañado de múltiples críticas y denuncias sobre “el robo organizado” de Merino y los suyos, no dejaba dudas de que el ameritado reportero suponía que la mano de los caciques estaba detrás de la sustracción de dinero en la caja de PEMEX. Y efectivamente, en la petrolera ciudad, “ello fue un secreto a voces”.
Adentrémonos en el conocimiento de otro hecho más. En diciembre de 1956 se estaban renovando las delegaciones sindicales de los distintos departamentos de Petróleos Mexicanos. El superintendente Merino, de común acuerdo con Vivanco, elegía directa y ostensiblemente a quienes serían los flamantes delegados. Empero, en varios departamentos surgieron candidatos opositores a la voluntad oficial. Tal fue el caso del departamento de Materiales.
Se presentó una acalorada asamblea departamental, en la que los charros no pudieron imponer a la brava al candidato merinista, pues evidentemente una amplia mayoría se oponía a ello. Hubo empujones, forcejeos, golpes y amenazas. Los pistoleros merinistas, rabiando, tuvieron que abandonar el recinto sindical.
Y unos cuantos días después el trabajador petrolero Genaro Cruz (integrante de dicho departamento) recibió un balazo, que puso gravemente en peligro su vida, por parte del que era entonces secretario del exterior también del ejecutivo de la sección 30, Juan Ramírez Guillermo, quien había llegado a ese cargo por ser un dirigente y abyecto pistolero a las órdenes de Merino y Vivanco.
El herido fue recobrando su salud lenta y penosamente, al tiempo que el agresor fue protegido por sus poderosos jefes, sin pisar la cárcel y sin ser molestado siquiera por un remedo de investigación judicial.
Pongamos atención a un caso más. El periódico “La voz de Poza Rica”, que dirigían los valientes ciudadanos Alberto Román Gutiérrez y Fausto Dávila Solís, informaba en su edición del viernes 17 de agosto de 1956, que un funcionario merinista, de nombre Desiderio Gudini había intentado ultrajar a una mujer pozarricense en plena vía pública, golpeándola salvajemente para tal fin e insultándola después al no poder alcanzar la prosecución de sus bajos y bestiales instintos. Una vez más, el esbirro merinista disfrutó de la impunidad y a los personajes decentes de Poza Rica no les quedó otro recurso que la denuncia periodística y el señalamiento moral sobre tal proceder. Y es que en ese tiempo en que predominaban los pistoleros y matones al servicio del “cacique bueno”, pareciera que las bestias y los depravados andaban sueltos y deambulando libremente por esta ciudad sin ley, en la que reinaba la corrupción, la represión y el autoritarismo.
Citemos un último caso, el cual ocurrió en septiembre de 1958, cuando el grupo sindical democrático “Los Goyos”, intentó infructuosamente por cierto, tumbar a los dirigentes charros de la sección 30. Pero otra vez los pistoleros merinistas entraron en funciones: el líder sindical Enrique A. Castillo fue objeto de atentados contra su vida y el candidato oposicionista a la secretaría general, Don Rufino Rodríguez, recibió un balazo en la cabeza que lo dejó lisiado para el resto de sus vidas.
Y de nuevo la impunidad del sistema corporativo priísta de aquellos años.
Después vendría la terrible y tristemente célebre matanza de “Los Goyos” y el asesinato del periodista Alberto J. Altamirano, así como las persecuciones, las amenazas, las rescisiones de contratos laborales, la quemazón de casas de opositores, y los presos políticos.
A tanta llegó la fama nacional del cacicazgo político nada benevolente y sí muy represor de Jaime Jerónimo Merino , que la prensa nacional divulgaba con precisión y claridad la existencia de lo que se conocía como “el cementerio particular de Merino”, en un cercano sitio conocido como El Súchil, en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, del cual hablaremos en próxima entrega. (informatePR 2003)
